La Cámara de Senadores “no deberá verse ensombrecida por la influencia del cabildeo empresarial” durante la discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa para prohibir la exploración y la explotación minera (minería) en Áreas Naturales Protegidas (ANP), coinciden la doctora Aleida Azamar Alonso y la maestra Beatriz Olivera Villa, investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinadora de la red NOSSA (Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental) del Wildlands Network Programa México, respectivamente.

 

“Si el actual gobierno quiere en realidad hacer un cambio y sobre todo hacer historia deberá garantizar la preservación de la biodiversidad, por encima de cualquier interés económico”, sostienen en el artículo La Cuarta Transformación ante el extractivismo en las Áreas Naturales Protegidas.

 

“Los senadores pueden y deben aprobar esta propuesta de ley que sentará un precedente importante del trabajo” de la administración federal en la agenda ambiental, “por demás olvidada en este sexenio”.

 

La reforma al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) sancionada en fechas recientes en la Cámara de Diputados es fundamental y adquiere profunda relevancia para garantizar el resguardo de esas zonas, dejando la minería fuera de ellas.

 

Los legisladores hicieron lo correcto, pese al cabildeo de la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX), sobre todo cuando en dicho documento además se discute la relevancia importancia de priorizar la salvaguardia de esos espacios, por encima de los supuestos beneficios que genera la actividad y otras de índole extractivo.

 

El asunto está ahora en manos de la Cámara Alta, “que deberá destrabar también otras cuatro iniciativas de ley presentadas en los últimos dos años –que pese a estar bien fundamentadas han sido enviadas a la congeladora– cuyo objetivo” es preservar las ANP, necesarias para garantizar la conservación de especies animales y vegetales en riesgo, que son fundamentales en la regulación hidrológica y climática, así como en la subsistencia de comunidades originarias, además de ser propicias para la investigación científica, explica la doctora Azamar Alonso, académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la UAM.

 

“Si sus beneficios sólo por existir superan cualquier posible resultado económico de su uso para la explotación extractiva, ¿por qué entonces se permite en ellas la explotación y la exploración minera, ambas con alto impacto socioambiental?”, cuestionan.

 

Las operaciones de extracción se desarrollan al amparo de la violencia y el despojo, y para eso es “casi indispensable la privatización intensiva del territorio, aunque esto afecte, entre otros, suelos de siembra o pastoreo y cauces de ríos”.

 

Cuando se otorga una concesión a una compañía –nacional o extranjera– “se margina a los pobladores originarios y las relaciones de poder cambian, provocando además de una apropiación utilitaria, así como simbólica y cultural”.

 

México enfrenta una crisis económica desde hace diez años que fue potenciada por la emergencia sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2 y han sido los sectores extractivos los principales generadores de las condiciones para la formación y la proliferación de enfermedades, incluido el COVID-19, pero son quienes se están beneficiando ante el parón mundial.

 

En suma, “a pesar de que la minería es una de las actividades productivas que más conflictos y efectos destructivos provoca, se ha instalado en el país”, permitiéndole actuar en ANP desde hace varias décadas, concluyen las académicas. 

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