Editorial de Maricela Núñez Alcaraz

El principio de paridad en materia electoral fue incorporado en 2014, en el artículo 41 constitucional, el cual establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y locales. El proceso de armonización legislativa culminó, en las entidades federativas con elecciones en 2015, antes de que iniciara el proceso electoral.

 

Históricamente la representación de las mujeres en cargos de elección popular ha estado limitada por la división sexual del trabajo y los roles de género que han asignado a las mujeres el espacio privado, mientras que el espacio público se ha reservado a los hombres. Es por esto que la paridad política es un ejercicio de igualdad y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

 

La primera prueba de la aplicación del principio de paridad fue el proceso electoral 2014-2015. Esta puesta en práctica generó varias impugnaciones y diversos criterios. La cuestión más relevante consistió en determinar si el principio de paridad también resultaba aplicable a nivel municipal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante diversas jurisprudencias determinó que la paridad era obligatoria en sus dos dimensiones: la vertical y la horizontal y además reconoció el interés legítimo de las mujeres o de los integrantes de grupos vulnerables para impugnar las determinaciones que vulneren sus derechos constitucionales.

 

En las elecciones de 2016, las mujeres ocuparon un 49.6% de las candidaturas en las diputaciones, y el 45.6% de las personas electas por mayoría relativa, esto constituyó un avance en la agenda de género en el poder legislativo a nivel nacional. En la jornada electoral del 1° de julio del 2018, resultaron electas por primera vez dos mujeres para la gubernatura de la Ciudad de México y Puebla, ambas para los períodos de 2018-2024. Asimismo, la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrada en el proceso electoral 2017-2018, resultó ser la más paritaria de la historia política mexicana. La cámara de diputados está representada por 49.2% mujeres y el 50.8% de hombres. El Senado de la República por 51% de mujeres y 49% de hombres. Cabe destacar que desde 1953, cuando la mujer tuvo derecho a votar y ser votada, solo nueve han ejercido como gobernadoras.

 

La entrada en vigor de la reforma a la Constitución federal, el pasado 6 de junio del 2019, conocida como “Paridad en Todo” o “Paridad Transversal” marca un momento histórico y un logro sin precedentes para garantizar los derechos políticos de las mujeres, porque se asegurará que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos y en los municipios con población indígena. Además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres, con el objetivo de generar un equilibrio en los espacios de toma de decisiones y de poder en nuestro país.

 

Derivado de los antecedentes anteriores, el Instituto Nacional Electora (INE) emitió, a principios del mes de noviembre, un acuerdo por el que aprobó los criterios de paridad de género, aplicables para las 15 gubernaturas que estarán en disputa en la elección concurrente con la federal, a celebrarse este próximo 6 de junio.

 

Entre los principales argumentos dados por el INE para la aprobación de este acuerdo, se establece que no pueden ser postuladas más de 8 personas del mismo género en las 15 gubernaturas que estarán en disputa en junio de este año.

 

En este sentido, y a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo aprobado por el INE, dejó a salvo su objetivo fundamental de alcanzar la paridad de género, toda vez que vinculó a los partidos políticos nacionales, a través de la sentencia dictada al expediente SUP-RAP-116/2020 y acumulados, justamente a que, durante el presente proceso electoral se haga efectivo el principio de paridad de género en la postulación de sus candidatas a estos importantes cargos de elección popular.

 

Las mexicanas hemos avanzado, pero aún se requieren cambios estructurales para que tengamos una participación paritaria real y efectiva, es decir, no sólo se requiere que las mujeres sean el 50% de quienes toman las decisiones, sino que, lo hagan sin ningún tipo de discriminación, ni violencia. Además, es fundamental adoptar medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, porque la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recae principalmente en las mujeres y es un factor que no permite su desarrollo en condiciones de igualdad con los hombres.

 

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