Mario Medina, presidente de Ciudad Digna, participó como ponente en el XIII Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades «Entre Muros y Piedras La Historia», realizado en la Universidad Autónoma de Chapingo, con la ponencia titulada:

«Cómo generar condiciones para vivir en una ciudad digna»

Compartimos la ponencia integra del presidente de Ciudad Digna, Mario Medina:

La ciudad debe ser entendida como el espacio de interacción de sus propios ciudadanos, para el desarrollo de sus potencialidades humanas, económicas, políticas, sociales y culturalesA lo largo del tiempo la Ciudad se ha concebido como un espacio geográfico densamente poblado en el que se asientan importantes desarrollos industriales, inmobiliarios e infraestructurales; el concepto se ha asociado al espacio de lo urbano dejando de lado a un amplio porcentaje de la población, además que la definición tradicional centra la discusión en el espacio físico, poniendo la relevancia de los fenómenos de la ciudad y el abordaje de sus soluciones, en un enfoque distante a la verdadera simiente de las ciudades: la gente.

En Ciudad Digna postulamos que el primer acto de dignificación de la ciudad es la modificación del concepto con el cual se asocial la palabra, hay que revirar la perspectiva de ciudad de un espacio físico a uno humano; la óptica desde la cual se abordan los grandes problemas de la ciudad no pueden ser en la lógica del acero y el concreto en detrimento de quienes le dan vida a la ciudad.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, signada en el Foro Social de las Américas en Quito en 2004, nos alerta en su preámbulo sobre la necesidad de modificar la forma en la que concebimos a la Ciudad; según sus previsiones para 2050 el 65% de la población mundial vivirá en urbes, aún a pesar de que las condiciones de vida de las ciudades se vuelve cada vez más hostil para quien las habita.

La proliferación de grandes concentraciones se ha caracterizado por su marcada segregación en lo que se refiere a la alta concentración de rentas y poder de unos cuantos, en detrimento de las condiciones de vida de la gran mayoría; la constante de esta desigualdad no permite generar condiciones de equidad y acentúa las limitaciones de los ciudadanos para obtener benefactores económicos, sociales, culturales y restringe dramáticamente su capacidad de acceder a los más básicos derechos individuales y colectivos. La falaz idea de la ciudad como fuente de modernidad y progreso se confronta con la cada vez más adversa realidad de sus habitantes.

Si a este complejo entramado le adicionamos la lógica de los gobiernos locales que priva en nuestro país y en américa latina, la cual responde a una dinámica electoral trianual o sexenal; pero sobre todo y más lamentablemente, responde a los azares de las denominaciones políticas que se suceden en los cargos y que sin visión de estado se entrampan en acciones contradictorias y mezquinas.

Foto:Ciudad Digna

La dignificación de la ciudad es directamente proporcional a la dignificación de los ciudadanos, es por eso que la ciudad debe ser entendida como el espacio de interacción de estos para el desarrollo de sus potencialidades humanas, económicas, políticas, sociales y culturales; por lo que me permito enlistar las condiciones que asumimos necesarias para vivir en una ciudad digna:

 

  1. CIUDAD DE TODOS: La ciudad es un espacio colectivo que se constituye de un rico y diverso espectro de personas por lo que su concepción y gestión debe estar encaminada a garantizar, en condiciones de equidad, los mismos derechos para todos sin miramiento de género, orientación sexual, origen, nacionalidad, condición migratoria, económica, religiosa, filiación política, estado físico, o cualquier otro distingo.

 

  1. CIUDAD PARA TODOS: El derecho a la ciudad abarca los derechos individuales y colectivos reconocidos por la comunidad internacional observando los más altos principios de justicia social y democracia, por lo que el acceso a oportunidades, benefactores sociales, servicios públicos, acceso a la justicia y desarrollo constituyen una razón de interés público ineludible. Las desventajas de toda índole que menoscaben la dignidad de individuos y colectivos en situación de vulnerabilidad deben ser equilibradas en su beneficio.

 

  1. CIUDAD DE CIUDADANOS: La dignidad y el bienestar son asequibles en la medida en que se desarrolle una amplia conciencia política que permita a los individuos articularse en acción colectiva y hacer vida pública activa, permanente y participativa; la construcción de la ciudad es un ejercicio deliberativo y permanente en la realización y fiscalización de políticas públicas, presupuesto participativo, debate público y acceso a las formas de representación institucionales y sociales; acompañado lo anterior de las acciones que materialicen y mantengan vigente la discusión de la ciudad. La participación precisa de canales institucionales que permitan la intervención directa y profusa de los individuos y colectivos; la instrumentación de cabildos abiertos, contralorías sociales, audiencias públicas, consultas populares, referéndums, debates públicos, asambleas vecinales, rendición de cuentas, iniciativas ciudadanas con alcance legislativo y de política pública.

 

  1. CIUDAD TRANSPARENTE: La rendición de cuentas y la revocación de mandato son instrumentos fundamentales para garantizar el combate a la corrupción; no se puede concebir por principio democrático salvaguardar el derecho a ser votado de los ciudadanos que buscan la reelección en cargos públicos, sin salvaguardar el derecho de los ciudadanos gobernados de deponer a sus gobernantes ineficientes y corruptos.

 

  1. CIUDAD SOLIDARIA: Es compromiso de individuos, colectivos, instituciones públicas y privadas la práctica de la solidaridad como valor fundamental de la vida cívica; implementando sistemas impositivos progresivos, políticas sociales, estrategias de economía solidaria y acciones que fortalezcan la vida colectiva y combatan la indiferencia.

 

  1. PROPIEDAD SOCIAL: El disfrute de la ciudad responde a la función social de garantizar el usufructo de sus recursos económicos, ambientales y territoriales; observando criterios de equidad distributiva y complementariedad económica; el espacio público debe constituirse en el derecho de propiedad colectiva que priorice su interés cultural, ambiental y social; el espacio privado debe responder al derecho a la vivienda por sobre la especulación inmobiliaria.

 

  1. CIUDAD PLANEADA: Una forma de prevenir la segregación y marginación consiste en la planeación y gestión territorial que garantice el desarrollo y protección del patrimonio ambiental, cultural, artístico, histórico, habitacional, industrial y de servicios.

 

  1. CIUDAD SEGURA Y JUSTA: El derecho a la justicia debe estar garantizado mediante al acceso irrestricto y expedito de medios de conciliación civil, juicos orales, mediación, arbitraje y sobre todo los medios de prevención del delito y recuperación del tejido social que permitan una convivencia segura, con policías eficientes, capacitadas y bien remuneradas.

 

  1. CIUDAD DE EDUCACIÓN Y CULTURA: Las ciudades deben promover la enseñanza y socialización de los medios culturales y patrimoniales tangibles e intangibles, así como de la instrucción educativa regular como medio de preservación de la identidad, de formación de conciencias críticas que forjen ciudadanos y como medio real de acceso a la rotación social; las artes y la cultura no pueden percibirse como actividades complementarias de la instrucción, sino como elementos potenciadores del desarrollo humano integral.

 

Foto: Ciudad Digna

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad abona a este respecto: “El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. En la ciudad y su entorno rural, la correlación entre estos derechos y la necesaria contrapartida de deberes es exigible de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones socio-económicas de sus habitantes, como forma de promover la justa distribución de los beneficios y responsabilidades resultantes del proceso de urbanización; el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad; la distribución de la renta urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad”.

*Ponencia presentada el 15 de febrero de 2018 durante el XIII Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades en la Mesa IV De los Pueblos, Ciudades y habitantes en el Tiempo: Imaginario social, construcción de ciudadanía, desarrollo urbano.

 

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